LIMA, 17 de marzo de 2008 — La Organización de las Naciones Unidas, por intermedio del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, expresó al Gobierno peruano “su preocupación por la contaminación y la degradación ambientales derivadas de las actividades de las industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas en Perú y por su impacto sobre la salud y las formas tradicionales de vida de estos pueblo (…)”.
Durante el 72° periodo de sesiones del referido Comité se analizó la situación de las comunidades nativas del río Corrientes, debido a una solicitud de Acción Urgente presentada por la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes - FECONACO y el Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, a fin de que se investigue el otorgamiento de los nuevos lotes petroleros en la zona sin consultar a las comunidades nativas ni sus organizaciones y antes de resolver los graves impactos producidos durante 36 años de contaminación por la explotación de hidrocarburos .
El Comité ha solicitado al Estado peruano información sobre las comunidades afectadas por la explotación de hidrocarburos y nuevas concesiones en dicha área, con el propósito de realizar un examen de lo ocurrido. Asimismo, ha solicitado información sobre toda la legislación relativa al derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, el monitoreo del impacto ambiental en el Perú y la aplicación concreta de dicha legislación.
Debido a esta situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha invitado a una delegación representativa del Estado peruano para que durante el 73° periodo de sesiones a realizarse del 28 de julio al 15 de agosto del presente, en la ciudad de Ginebra, Suiza. explique los hechos que afectan a los indígenas que habitan en las riberas del río Corrientes,
La información fue dada a conocer al Gobierno peruano el pasado 7 de marzo de 2008 a través de una carta remitida al representante de la Misión Permanente de Perú José Eduardo Ponce Vivanco. En dicha comunicación también conminan al Estado peruano que actualice los informes que está obligado a presentar a esta entidad de NN.UU pendientes desde 1999.